El Ministerio del Interior del Gobierno de España ha hecho público que el pasado año neutralizó más de 10.000 ciberataques a servicios esenciales gracias a la intervención de diferentes organismos de protección
El pasado 2021 fue un año especialmente movido en materia de ciberseguridad en España, tal y como informa una nota de prensa del Ministerio del Interior del Gobierno en la que se especifica que los mecanismos de intervención y protección de la administración pública española fueron capaces de detener más de 10.000 ciberataques, de diferentes escalas, a servicios esenciales del país. Así, la coordinación entre el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) resultó fundamental para responder ante una serie de amenazas que podrían haber puesto en riesgo el correcto funcionamiento del país.
Tal y como informa el propio Ministerio del Interior, el CNPIC cuenta con una lista de más de 600 infraestructuras críticas identificadas en las que se realiza una especial labor de ciberseguridad dado su carácter «imprescindible para garantizar el funcionamiento del país». En palabras de José Luis Pérez, director del CNPIC, «el daño a estas infraestructuras produciría un grave impacto en el mantenimiento de las funciones sociales básicas de la sociedad, como la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el funcionamiento eficaz de las instituciones del Estado».
Estas cifras no hacen sino confirmar la tendencia alcista de los ciberataques al conjunto de instalaciones, redes y sistemas tecnológicos críticos públicos. «El aumento de este tipo de ataques es una constante en los últimos años, pero la madurez de nuestro sistema nacional de protección y la ciberseguridad de los operadores de servicios esenciales permiten neutralizar las amenazas antes de que puedan tener una repercusión real. España es un país ciberseguro», afirma el jefe de la OCC, Guillermo Fernández.
El Centro Nacional de Infraestructuras Críticas (CNPIC): una referencia internacional para frenar los ciberataques
El CNPIC, cuyo nacimiento tuvo lugar en el año 2007, sitúa a España, en palabras del propio Ministerio, «en una posición de referencia internacional en el ámbito de la ciberseguridad», gracias a la labor de una nutrida y compleja comunidad de seguridad compuesta por más de 250 operadores críticos. Así las cosas, el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (Sistema PIC), operado por el CNPIC, ha llevado a cabo el despliegue de 18 planes estratégicos sectoriales para garantizar la ciberseguridad en las principales áreas de gestión de esta entidad.
Entre estos sectores se encuentran administración pública, salud, electricidad, gas, petróleo, nuclear, sistema financiero y tributario, agua, transporte urbano y metropolitano, marítimo, aéreo, ferroviario y por carretera, industria química, alimentación, TIC, espacio e instalaciones de investigación.
Este organismo público, adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad, es el responsable de la dirección, coordinación y supervisión de la protección de infraestructuras críticas nacionales. Es por esto que se trata del encargado de dirigir la aplicación del Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y se convierte en el punto nacional de contacto con la Comisión Europea y con otros Estados propietarios o gestores de infraestructuras críticas. A su vez, el centro cuenta con la OCC (Oficina de Coordinación Cibernética) que desempeña la coordinación técnica y la comunicación con los CSIRT nacionales de referencia: CERTSI y CCN-CERT. Estos agentes son los responsables de ejecutar las resoluciones técnicas ante ciberataques que puedan afectar a operadores privados de infraestructuras críticas y operadores públicos.
Dado su crucial función, el CNPIC se erige como un organismo en el que se mantienen estrechas relaciones tanto con otras áreas de la administración pública, tanto a nivel central como regional, como con las empresas gestoras y propietarias de infraestructuras y las empresas de ciberseguridad asignadas para la protección de estos activos estratégicos.
