Tal y como informa la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), durante los próximos años la inversión en fotovoltaica sumará entre 1.000 y 2.000 millones de euros anuales
Nuevos pronósticos positivos para el sector de las energías renovables. Así lo confirmó, el pasado mes, José Donoso, Director General de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Lo hizo en su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado.
Donoso puso sobre la mesa varios datos que invitan a la esperanza para un sector que parece haber superado superado sus peores años. Y que comienza a ver la luz al final del túnel.
Tal es así que la UNEF prevé que, de aquí a 2020, la inversión en fotovoltaica se acercará a los 5.000 millones de euros. Y es que, actualmente, los proyectos fotovoltaicos en tramitación en las diferentes Comunidades Autónomas del país suman un total de 24 GW.
Estos datos se suman a una tendencia global en hacer de la energía solar un pilar en el futuro energético. Y es que se espera una inversión en fotovoltaica de alrededor de 100.000 millones de euros anuales. Que podría cuadruplicar la cifra a 400.000 millones de euros anuales en 2030.
Objetivo para el que, tal y como indica la propia UNEF, es necesario impulsar las políticas de inversión en I+D en los países líderes en estas tecnologías.
Realidad y barreras del sector fotovoltaico español
Por otro lado, Donoso señala que dicho sector «está viviendo una fase de reactivación en nuestro país. Buscando vías de desarrollo alternativas a la subasta, como son ir directamente a mercado. O los contratos bilaterales de compra-venta de energía, conocidos como PPAs«.
Este modelo es el responsable de sumar 24 GW en el mercado nacional durante los próximos años. Se ha materializado ya en varios proyectos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía o Aragón, entre otros,
Sin embargo, según denuncia el Director General de la UNEF, todavía persisten barreras que dificultan el desarrollo de dicho sector en España.
Entre los principales escollos que se deben superar todavía se perfilan:
- La inseguridad jurídica institucionalizada, «con la amenaza del recorte a la rentabilidad de los proyectos de renovables«.
- La actualización del marco jurídico respecto a las condiciones de acceso y conexión a la red.
- Los retrasos en los pagos de las liquidaciones definitivas en los proyectos fotovoltaicos insulares.
- La agilización de la planificación de las redes.
